El objetivo principal es visibilizar y respaldar una labor clave en el abordaje de problemáticas como consumos problemáticos, violencias, vulnerabilidad social, salud mental comunitaria y conflictos familiares. La norma busca promover la integración y jerarquización de la actividad, garantizar prestaciones de calidad con idoneidad, delimitar sus incumbencias específicas frente a la Psicología Clínica o el Trabajo Social, y establecer la matriculación obligatoria.
Los fundamentos del proyecto alertan sobre un escenario de profundas transformaciones sociales debido al crecimiento poblacional y las tensiones económicas. Ante el aumento de la violencia de género, la conflictividad escolar y el aislamiento de adultos mayores, los autores señalan que se necesitan respuestas territoriales preventivas antes de que los casos deriven en judicialización o exclusión.
Asimismo, la propuesta señala que actualmente la falta de regulación limita la incorporación formal de estos profesionales en organismos públicos. Su regulación es una medida estratégica para que el Estado fortalezca sus políticas en áreas de salud, educación, desarrollo social, justicia y seguridad.
