El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, anunció el viernes una investigación penal sobre las acusaciones de que la Agencia Antidrogas de EE. UU. (DEA) permitió a sabiendas que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las comunidades de Nuevo México mientras sus agentes se centraban en investigaciones penales de mayor envergadura.
La investigación se produce unos días después de que The Associated Press que agentes de la DEA vigilaron en repetidas ocasiones —pero no incautaron— grandes envíos de fentanilo entre 2023 y 2025, mientras intentaban preparar casos penales de mayor envergadura.
Torrez dijo que la investigación analizará las posibles vías legales, como el enjuiciamiento penal, los litigios civiles y las reformas estructurales destinadas a evitar que los agentes de la DEA repitan conductas similares en el futuro.
«Las familias que han perdido a hijos, hermanos y padres a causa del fentanilo se merecen saber la verdad sobre lo que sabía el Gobierno federal y lo que no hizo», dijo Torrez en un comunicado.
«Si la DEA se quedó de brazos cruzados mientras el veneno inundaba nuestras comunidades, eso no es un fallo burocrático», siguió diciendo. «Es una traición a la gente a la que juró proteger».
Torrez dijo que su oficina «agotará todas las vías legales a su alcance para que los responsables rindan cuentas y se asegure de que esto no vuelva a pasar nunca más».
La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, pidió que se llevara a cabo una investigación a principios de esta semana, afirmando que estaba «consternada» por las acusaciones de que agentes federales permitieron a sabiendas que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a comunidades de todo el estado.
«Que no te quepa duda: la DEA sabía que habría muertos si esas pastillas llegaban a las comunidades de Nuevo México, y aun así la agencia dejó que pasara», dijo Grisham. «El resultado: cientos de padres de Nuevo México enterrando a sus hijos. Cientos de niños de Nuevo México creciendo sin unos padres estables. Y todo ello mientras el Gobierno federal se quedaba de brazos cruzados».
Grisham también se refirió a las acusaciones de que unos agentes de la DEA vigilaron la entrega de 74 000 pastillas de fentanilo en un parque de casas móviles de Albuquerque sin intervenir.
«Por increíble que parezca, el Gobierno federal se quedó de brazos cruzados mientras supervisaba los envíos, contaba el número exacto de pastillas y veía cómo estas drogas mortales llegaban a las calles», dijo.
Agentes actuales y antiguos de la DEA, entre ellos el denunciante David , han declarado a la AP que las tácticas de la agencia ponían en riesgo la seguridad pública y podrían haber infringido las directrices del Ministerio de Justicia.
Aunque la DEA negó en un primer momento las acusaciones de Howell en un comunicado a la AP, la agencia solicitó posteriormente que la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia llevara a cabo una investigación independiente.
«Si esa revisión detecta aspectos que se puedan mejorar, la DEA, por supuesto, aplicará los cambios necesarios para mejorar sus prácticas», ha dicho el Departamento de Justicia en un comunicado. «Nos alegra colaborar con la gobernadora Lujan Grisham, así como con los líderes estatales y locales de Nuevo México, para luchar contra el flagelo del fentanilo y garantizar la seguridad de sus ciudadanos».
Las acusaciones se remontan a las operaciones policiales llevadas a cabo durante la epidemia de drogas más mortífera de la historia de EE. UU., justo cuando la DEA promovía su campaña de concienciación «Una pastilla puede matar», en la que se advertía de que incluso una pequeña cantidad de fentanilo puede ser mortal.
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Fox News se ha puesto en contacto con la DEA para recabar sus comentarios sobre la investigación.
The Associated Press en este reportaje.
Fuente del artículo original: El fiscal general de Nuevo México abre una investigación penal contra la DEA por las acusaciones de que sus agentes permitieron que el fentanilo inundara el estado
