Mientras en muchas zonas del país los equipos de rescate, los vecinos y los familiares siguen buscando supervivientes y víctimas mortales, ya se vislumbran las primeras repercusiones políticas de los terremotos en Venezuela. El descontento de la población por la escasa ayuda prestada por su propio Gobierno es enorme y ya se han organizado las primeras manifestaciones en las calles de Caracas.
Las carencias de un Estado que en los últimos años solo se ha dedicado a gestionar la escasez son evidentes: deficiencias en un sistema sanitario público en ruinas, escasez de medicamentos y material quirúrgico, falta de personal y de equipamiento en hospitales y centros de salud, así como una previsible sobrecarga de las autoridades venezolanas a la hora de restablecer el suministro de agua y electricidad en las zonas afectadas por la catástrofe, por no hablar de la reconstrucción de viviendas y la revisión de la estabilidad estructural de las casas y unidades residenciales afectadas.
Las sociedades con altos niveles de vulnerabilidad y débil gobernabilidad se han mostrado históricamente muy sensibles a los efectos disruptivos de su estatus quo que puedan surgir de desastres naturales. En estas condiciones pueden surgir nuevos riesgos de conflicto debido a la reconfiguración de las fuerzas sociales, a la inestabilidad política, a la desorganización interna ante las ayudas externas y a la aparición de nuevos niveles de desigualdad socioeconómica.
El desencanto, unido al descontento preexistente al choque social de los terremotos, puede movilizar nuevas expresiones de participación de la sociedad civil e inducir nuevas dinámicas de competencia política capaces de generar cambios políticos profundos. La clave para ello será el comportamiento de la sociedad civil y su capacidad para proponer nuevas expresiones políticas que puedan ser aceptadas por un electorado que desea superar las expresiones políticas tradicionales y encontrar formatos políticos nuevos para sus emociones.
Esto plantea la cuestión de si el Estado venezolano, bajo el gobierno de Delcy Rodríguez, puede transformarse y pasar de ser un Estado vigilante y corrupto a un Estado de servicios cercano a la ciudadanía, capaz de emprender la reconstrucción junto con la población. Hay muchos indicios de que esto no será posible, ya que la vieja guardia del régimen revolucionario no puede ni quiere abandonar su modelo de actuación. Esto se debe, entre otras cosas, a que el régimen tiene un gran interés en mantenerse en el poder y actúa mediante procedimientos establecidos para restringir el acceso a las zonas afectadas por la catástrofe y ejercer el control de los aeropuertos, pero no muestra disposición para movilizar a sus propias fuerzas armadas en operaciones de rescate.
Más allá de la tragedia humana, los terremotos ocurridos están provocando una enorme tarea de reconstrucción del país. La debilidad del Estado y de la economía nacionales no solo se refleja en poder cargar con los meros costes de reparar los daños físicos, sino también en la limitada capacidad organizativa del Estado para responder oportunamente a la participación sostenida de la comunidad internacional, que se encuentre dispuesta a aportar apoyo técnico y financiero. Se espera que el país sufra profundas afectaciones en su capacidad para recuperar una productividad ya de por sí muy baja, que el retorno de muchos connacionales cualificados del exterior se retrase y que la disposición para inversiones sea muy limitada.
Las capacidades para organizar técnica y operativamente la reconstrucción se encuentran mermadas desde hace décadas; reconstruir la infraestructura básica, los servicios públicos básicos o la red hospitalaria no puede depender demasiado tiempo de la ayuda internacional de emergencia, sino que requerirá un esfuerzo nacional sostenido. No es previsible que estas capacidades se puedan movilizar a corto plazo en el sector público, que en el caso venezolano incluye al sector militar, al cual tradicionalmente se le han asignado muchas de estas tareas.
Mucho se puede esperar de la sociedad civil venezolana, que ha demostrado de nuevo su gran empatía con sus vecinos y compatriotas. Es destacable la efectiva disposición de las organizaciones no gubernamentales, las comunidades locales, las iglesias, las universidades y las alianzas solidarias de las múltiples organizaciones de la sociedad civil, que han demostrado que, a pesar de la crisis y la represión, han logrado sobrevivir o reconstruirse rápidamente y generar redes de ayuda de emergencia mucho más rápido y eficazmente que el Estado (por ejemplo, en la zona afectada de La Guaira). Pero esta expresión de ayuda comunitaria no se quedará solo en la dimensión social, se espera que muy pronto asuma una articulación política. Es previsible que la población se rebele contra el Gobierno con manifestaciones y movilizaciones, e incluso con la líder de la oposición, María Corina Machado, que sigue presionando para regresar a su país y revitalizar su base política.
Una confrontación política de este tipo pondrá también en tela de juicio el "modelo Delcy", mediante el cual Estados Unidos ha ejercido hasta ahora su tutela política sobre el país. Si no quiere perder el control del país, el Gobierno de Trump no tendrá más remedio que asumir una "responsabilidad de protección" mediante una ayuda masiva a la reconstrucción. Aunque los esfuerzos nacionales por formar un "Gobierno de unidad nacional" solo existen hasta ahora sobre el papel, estas dinámicas podrían afianzarse rápidamente y unir a antiguos adversarios políticos si, de este modo, se logra apartar del cargo a los representantes de "la línea dura" del antiguo régimen, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y crear condiciones aceptables para la acción política. Apoyar este camino es hoy tarea de la diplomacia internacional, dejando atrás el falso protagonismo de momentos pasados, que se caracterizaron más bien por el principio de "¡Yo llegué primero!".
