La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda informó que el departamento del Tesoro, de Estados Unidos, sancionó a dos personas físicas y nueve personas morales relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el robo de hidrocarburos.
Este martes, 30 de junio, se informó que Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos mexicanos y a nueve empresas con sede el país por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, mejor conocido como huachicol fiscal.
Según la información difundida por las autoridades estadounidenses, la estructura operaba mediante el contrabando transfronterizo de combustibles, la falsificación de documentación aduanera y el uso de empresas fachada para evadir el pago de impuestos en México, generando ingresos millonarios para la organización criminal.
Por su parte, la contraparte mexicana detalló que la organización habría utilizado empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de combustibles para facilitar operaciones destinadas al ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.
Asimismo, la UIF señaló que realizó un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos sancionados, mediante el cual identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como discrepancias entre los ingresos reportados ante las autoridades fiscales y los recursos detectados dentro del sistema financiero.
Como resultado de estas investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó también a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los 11 sujetos sancionados por la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) y añadió a otras nueve personas relacionadas con la investigación.
En total, las medidas de bloqueo aplicadas por la UIF alcanzan a 20 personas y empresas.
Otros sancionados
Desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump en 2025, el gobierno de aquel país ha desplegado una ofensiva financiera contra las estructuras económicas vinculadas a los cárteles mexicanos, con sanciones que alcanzan ya, por lo menos, 50 personas y más de 45 empresas mexicanas en distintos sectores productivos.
La estrategia ha combinado sanciones económicas, congelamiento de activos y la aplicación de las nuevas designaciones de los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), medida que permite ampliar el alcance de las acciones del Departamento del Tesoro y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En junio de 2026, el Departamento del Tesoro sancionó a ocho personas y 12 empresas mexicanas ubicadas en Sinaloa, Sonora y Baja California por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Dicha acción se sumó a otra emitida en abril de 2026, cuando la OFAC designó a 23 personas y entidades relacionadas con el Cártel de Sinaloa, incluidas 9 empresas dedicadas a logística, gestión aduanera y desarrollo inmobiliario.
Además, en agosto de 2025, la OFAC había actuado contra una organización dedicada al fraude de tiempos compartidos en Puerto Vallarta y Guadalajara. La investigación derivó en sanciones contra cuatro personas y trece empresas, señaladas de estafar a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad para financiar operaciones del CJNG.
Otro caso a resaltar fue cuando se sancionó por primera vez, bajo las leyes específicas contra el financiamiento del tráfico de fentanilo, a tres instituciones financieras mexicanas: CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
A los señalados se les ha vincuado, además del CJNG, con el Cártel de Sinaloa, entre otras agrupaciones criminales.
