A este ritmo, Colombia tardaría 62 años en indemnizar a todas las víctimas del conflicto armado. Esa es una de las principales advertencias del sexto informe de seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, divulgado este 2 de julio, que hace un balance sobre el estado de la reparación, la búsqueda de desaparecidos, la restitución de tierras y el acceso a la justicia para quienes han sufrido las consecuencias de la guerra.
El documento concluye que el sistema de reparación enfrenta un rezago estructural que impide responder con la rapidez que demanda el universo de víctimas.
Según el informe, el cálculo de 62 años incluso podría quedarse corto, ya que no contempla a las personas que siguen siendo incorporadas al Registro Único de Víctimas (RUV) por nuevos hechos de violencia.
En ese sentido, el Comité de Seguimiento advierte que el país supera los 10 millones de víctimas registradas, una cifra que continúa aumentando por fenómenos como desplazamientos masivos, confinamientos, reclutamiento de menores de edad, violencia sexual, asesinatos de líderes sociales y desapariciones forzadas.
https://twitter.com/JEP_Colombia/status/2073073021573538229
Para los autores del informe, las víctimas continúan siendo el eje del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, por lo que garantizar sus derechos sigue siendo una tarea pendiente.
“Cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad es cumplirles a las víctimas, al país y a la memoria de Colombia. Por eso la JEP no se detiene; seguimos construyendo una justicia que no solo sanciona, sino que ayuda a restaurar y reconciliar el país”, dijo el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli.
Otro de los hallazgos expuestos es la falta de articulación entre las bases de datos oficiales.
El informe señala que de las 14.659 víctimas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 6.347 no aparecen inscritas en el Registro Único de Víctimas, una diferencia que equivale a cerca del 43 % y que, según el documento, evidencia fallas en los mecanismos de reconocimiento y acceso a las medidas de reparación.
El reporte también evaluó las políticas de restitución de tierras y vivienda. Si bien reconoce avances en la labor de la Unidad de Restitución de Tierras, alerta que el acceso a una vivienda digna continúa siendo una de las mayores deudas con esta población.
De acuerdo con el informe, apenas el 10,7 % de los hogares víctimas habita en condiciones consideradas adecuadas.
En materia de reconocimiento de responsabilidades, el Comité destaca la realización de actos públicos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, pero advierte que para muchas víctimas esos escenarios resultaron insuficientes.
“A este reconocimiento le hace falta una pieza: la verdad, los responsables, los nombres. Con las miles de víctimas decimos: ¿quién dio la orden?”, recoge el informe a partir de testimonios de víctimas de la Unión Patriótica.
En otro de los actos analizados, las víctimas señalaron que el reconocimiento constituye “un pequeño triunfo”, aunque insistieron en que esperan que “los verdaderos responsables sean judicializados”.
Respecto a la búsqueda de personas desaparecidas, el documento reconoce avances en las técnicas de identificación genética, pero sostiene que el país sigue sin contar con una política pública integral que permita coordinar la búsqueda y prevenir nuevas desapariciones.
Esa falta de articulación, señala el informe, limita la capacidad institucional para responder a uno de los impactos más graves del conflicto.
Finalmente, el balance también revisa el funcionamiento del componente de justicia del Sistema Integral.
Aunque reconoce que la JEP ha ampliado sus decisiones judiciales, advierte que persisten obstáculos para la participación efectiva de las víctimas y que aún existen diferencias en los criterios aplicados por los distintos despachos del tribunal, lo que afecta la uniformidad de sus actuaciones.
En medio de las barreras, desde la Comisión de la Verdad y la JEP señalaron que hoy más que nunca es imperativo que se mantenga el apoyo al tribunal y, sobre todo, a las víctimas.
“Estamos cada vez más cerca de un anhelo de millones de colombianas y colombianas: ver a quienes forzaron tanto daño trabajando en favor de las comunidades que más han sufrido. Y lo harán bajo una estricta vigilancia internacional”, afirmó al respecto el magistrado Ramelli.
Ramelli informó que, durante la sesión de este miércoles de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), la JEP puso en marcha, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), un mecanismo internacional de monitoreo y verificación para las Sanciones Propias.
https://twitter.com/JEP_Colombia/status/2073073045120385411
Según explicó, este sistema tendrá la función de supervisar el cumplimiento de los proyectos restaurativos que el Tribunal para la Paz ordene como parte de las sanciones impuestas en sus sentencias.
“Con estas decisiones reconocemos una vez más a las víctimas como sujetos plenos de derechos. Honramos su lucha para que estos crímenes no quedaran en la impunidad y destacamos, especialmente, a quienes siguen buscando a sus seres queridos”, finalizó el magistrado, quien añadió que “tal como lo recomendó la Comisión, no permitimos que la historia se borre”.
Lo que está en riesgo, dijo, es la memoria.
Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.
