La entrega y recepción de la administración pública, conocida en muchos países como "transición de Gobierno", se llama "empalme" en Colombia. El objetivo de este proceso es garantizar la continuidad de los servicios públicos y permitir que las nuevas autoridades asuman sus funciones con un diagnóstico claro de la situación financiera, presupuestaria y operativa.
En Colombia, este proceso está regulado por leyes como la Ley 951 de 2005, que se aplica a todas las ramas del poder público (legislativa, ejecutiva y judicial) y a los órganos de control y autónomos a nivel nacional, departamental, distrital y municipal.
Habitualmente se conforman equipos de empalme para cada ministerio o institución correspondiente, en un proceso formal y público, de acuerdo con la obligatoriedad de la transición y entrega de la administración pública, entre el Gobierno saliente y el entrante.
Pero, lo que ha funcionado en muchos procesos de transición entre Gobiernos en el pasado no será posible en el caso del Gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, ya que se levantaron las mesas de trabajo y se suspendió el proceso por orden del nuevo presidente electo.
El nivel de tensiones entre los dos Gobiernos pone en entredicho el ordenamiento legal, por un lado, y, por otro, es un inconveniente para el país, la función pública y las mismas bases de la democracia.
Los efectos en la sociedad colombiana son claramente visibles: el enfrentamiento entre el presidente saliente, Petro, y el entrante, De la Espriella, profundiza la polarización existente, no solo en términos político-ideológicos, sino también institucionales.
Los continuos llamados del nuevo presidente a las Fuerzas Armadas para que cumplan sus órdenes y las respuestas de la cúpula militar a estas exigencias se han expandido también a otras instancias de control y transparencia del país. Se está generando un clima de profunda confrontación que cambia sustancialmente el clima político nacional y que, además, extiende su impacto más allá de las fronteras del país como la relación con la vecina Venezuela.
Un indicador del nivel de toxicidad que ha alcanzado la controversia tras el ajustado resultado electoral es el vocabulario utilizado. Llama la atención que De la Espriella recurra al lenguaje de Donald Trump al denunciar a su predecesor y a su oponente, Iván Cepeda, como golpistas, comunistas y narcoterroristas, de los cuales habría que defenderse para salvar la patria.
Las amenazas de Petro con agitaciones callejeras y su insistencia en que las elecciones fueron fraudulentas llevan a De la Espriella a nuevos niveles de confrontación, hasta el punto de querer extraditar a su antecesor y celebrar el acto protocolario de su posesión presidencial en una guarnición militar.
Sorprende que De la Espriella se preocupe tanto por un presidente en proceso de retiro; por otro lado, a Petro le espera una campaña continua por parte de su sucesor, que le inculpará de cualquier problema que surja en su gestión presidencial a partir del 7 de agosto.
Los efectos de esta confrontación entre una presidencia que termina y otra que comienza solo pueden ser negativos. El anuncio de que el nuevo Gobierno va a realizar una auditoría para generar los elementos de un juicio político contra Petro supondrá una actitud de confrontación exacerbada por parte de la oposición del Pacto Histórico que traspasará los límites de los recintos parlamentarios y se extenderá a las calles del país.
El hecho de que la oposición no reconozca los actos del nuevo Gobierno provocará también que posibles casos de corrupción y de desviación de poder lleven a un estremecimiento de los demás órganos de control, como la Registraduría Nacional y la Contraloría del país, e incluso de las instancias judiciales correspondientes.
La judicialización de la política colombiana es un efecto previsible, así como la falta de consensos en el Senado y la Cámara de Representantes, que afectarán a la capacidad de las nuevas autoridades para alcanzar las mayorías necesarias.
El interés público por transparentar las acciones de la administración pasada es evidente y va acompañado de motivaciones por ajustar cuentas, que puede ir más allá del esclarecimiento de posibles irregularidades sin intervenciones políticas por parte del Gobierno y la oposición.
El clima político hóstil no solo afectará a la actuación de la función pública, sino que también implicará el uso de la fuerza pública en enfrentamientos callejeros con efectos polarizantes, que alcanzarán también a las elecciones regionales que se celebrarán en 2027 para elegir a los gobernadores de los 32 departamentos del país, así como a los alcaldes de más de mil municipios, además de a los diputados y concejales de todo el territorio nacional.
Ante los niveles de confrontación alcanzados entre el oficialismo y la oposición, las llamadas a la sensatez no parecen surtir efecto; más bien, están escalando las amenazas mutuas. De nuevo se echa en falta un centro político capaz de imponer un contrapeso a los protagonistas políticos. Ciertamente, la sociedad civil, dividida y polarizada, tampoco podrá aportar nada para tranquilizar el clima político, ya que los medios de comunicación siguen alimentando los escenarios de confrontación.
Los anuncios del presidente entrante de suprimir el cargo de Alto Comisionado para la Paz y desmantelar lo que denominó "un perverso sistema de impunidad" de la Justicia Especial para la Paz (JEP) reflejan la actitud revisionista que sigue profesando y que podría llevar al país a situaciones anteriores al proceso de paz.
Será entonces el peso de las instituciones el que podrá frenar los voluntarismos políticos de los dos presidentes, saliente y entrante, y llevar a una lógica de mayor entendimiento entre las partes para generar consensos en el Congreso. Las deficiencias del presidente entrante en el manejo de la política deberán solventarse pronto para que la suspensión del empalme no se convierta en el inicio de un Gobierno descoordinado e incapaz de gestionar de forma coherente el futuro del país.
(rml)
