La decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum de colocar de nuevo la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en el centro de la relación bilateral con Estados Unidos no solo reabre el reclamo por la actuación del FBI en territorio mexicano. También ocurre en un momento clave del proceso judicial del histórico líder del Cártel de Sinaloa, cuya defensa busca negociar mejores condiciones de reclusión ante una eventual sentencia de cadena perpetua.
Para Víctor Manuel Sánchez, especialista en seguridad de la Universidad Autónoma de Coahuila, la reactivación del caso debe leerse en un contexto de creciente presión sobre México por la información que pueden aportar a las autoridades estadounidenses tanto “El Mayo” Zambada, como otros altos integrantes del crimen organizado que han sido trasladados o entregados a Estados Unidos.
“Obviamente esa es una hipótesis, no podemos descartarla”, dijo Sánchez consultado por Animal Político sobre si el gobierno mexicano busca colocar el tema en la agenda antes de posibles nuevos señalamientos desde Washington.
“Por lo que hemos estado viendo en los últimos meses, previo a algún anuncio importante de Estados Unidos suele haber cierto llamado a la cordialidad que a lo mejor no se da con información completa. Pero también hemos visto casos que terminan siendo utilizados de forma discursiva por el gobierno de México para quitarle peso a otros eventos y tratar de vacunarse en esta relación bilateral, frente a señalamientos que puedan venir del gobierno estadounidense”, añadió.
El lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó nuevamente la participación de agencias estadounidenses en la captura de “El Mayo” Zambada, luego de que el FBI reivindicara públicamente su papel en el operativo, pese a que en un inicio Ken Salazar, entonces embajador en México, negó que autoridades de Estados Unidos hubieran intervenido directamente. Este martes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mantuvo esa postura al cuestionar la actuación de las autoridades estadounidenses y reiterar que México no fue informado de la operación.
Aunque el gobierno mexicano ha insistido en que el FBI terminó por reconocer una participación que inicialmente negó, el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo este martes la misma versión que defendió tras la captura de Zambada.
En una entrevista con el periodista Jorge Ramos aseguró que ni él ni otras autoridades estadounidenses tenían conocimiento previo de la operación y rechazó que hubiera sido planeada por su gobierno.
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“De la operación no la sabíamos nosotros. No la sabía Estados Unidos. No lo sabía nadie de los Estados Unidos que me dieran a conocer. Y eso se lo comuniqué muy claramente a todos los oficiales de México… No fue nuestra operación”, afirmó Salazar.
Al ser cuestionado sobre la participación de su país, respondió que las autoridades estadounidenses únicamente intervinieron una vez que Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López ya habían aterrizado en territorio estadounidense.
La declaración mantiene la contradicción con la postura que recientemente asumió el FBI, que exhibió en un museo de Nuevo México la avioneta Beechcraft King Air 200 utilizada en el traslado de ambos capos y presentó ese operativo como un éxito de la agencia.
Para el especialista Víctor Manuel Sánchez, desde el momento de la detención hubo elementos que apuntaban a la participación de una agencia estadounidense.
“Desde que se dio el secuestro o entrega forzada de Ismael “El Mayo” Zambada, había cosas que desafiaban la lógica. No es que uno pueda tomar un avión, entrar al espacio aéreo de Estados Unidos sin demasiadas preguntas y aterrizar en una base militar”, señaló.
“Por lógica, quienes analizábamos el caso veíamos que había participación de alguna agencia; podía haber sido la DEA o el FBI. Ahora, con la información que se tiene, existe la certeza de que se trató del FBI”, agregó.
Sánchez consideró que la molestia del gobierno mexicano no se explica únicamente por el hecho de que “El Mayo” Zambada fuera detenido sin aviso formal, sino por lo que puede implicar que un capo de ese nivel colabore con la justicia estadounidense.
“Se trata de un narcotraficante de primer nivel, alguien que estuvo alrededor de 50 años en el negocio y que seguramente tuvo interacción con muchos políticos”, dijo.
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Como ejemplo, recordó la carta difundida por “El Mayo” Zambada después de su captura, en la que aseguró que había acudido a una reunión en la que supuestamente estaría el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hoy imputado por la justicia estadounidense junto a otros nueve funcionarios sinaloenses de alto nivel.
“Aun suponiendo que Rocha Moya no supiera lo que iba a ocurrir y que no hubiera participado, el simple hecho de que al ‘Mayo’ le dijeran: ‘va a estar el gobernador’ en la reunión, y que eso le pareciera completamente normal, casi lleva a inferir que había reuniones periódicas, que se conocían o que existía algún tipo de vínculo”, planteó.
El especialista sostuvo que la llegada de grandes narcotraficantes a tribunales estadounidenses está generando mayor presión sobre México porque esos procesos pueden abrir nuevas líneas de investigación sobre vínculos entre el crimen organizado, empresarios y funcionarios públicos.
“Estos procesos de negociación permiten ampliar la red de investigación: detener a más personas, identificar vínculos entre narcotraficantes, empresarios y clase política”, dijo.
En ese contexto, Sánchez ubicó también los casos de Ovidio Guzmán y de otros integrantes del Cártel de Sinaloa que han sido trasladados a Estados Unidos o que enfrentan procesos judiciales en ese país.
“Existe una tendencia hacia la negociación, que es precisamente lo que está reclamando el gobierno de la presidenta: por qué Estados Unidos negocia con personas que previamente calificó como integrantes de una organización terrorista”, explicó.
No obstante, aseguró que aunque el reclamo puede ser válido desde la óptica diplomática, esos acuerdos judiciales también han permitido obtener información que durante décadas permaneció oculta a la sociedad mexicana.
“Como ciudadano también veo la otra cara: estos procesos están permitiendo llegar a lugares que durante décadas permanecieron ocultos y evidenciar que las relaciones iban mucho más allá de lo que oficialmente se aceptaba, incluyendo la participación de muchos políticos”, señaló.
El caso también se reactivó después de que la defensa de “El Mayo” Zambada solicitó a una corte federal de Estados Unidos que, en caso de ser condenado a cadena perpetua, el capo sea enviado a una prisión con atención médica especializada y no a una cárcel de máxima seguridad como la ADX Florence, donde permanece Joaquín “El Chapo” Guzmán.
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Para Sánchez, esa petición debe leerse como parte de la negociación judicial de Zambada.
“Desde que llegó se declaró culpable, ha colaborado y ha señalado activos para que el gobierno de Estados Unidos pueda reclamarlos”, dijo.
Aunque la defensa ha evitado presentar el caso como un acuerdo amplio de colaboración, el especialista considera que la solicitud apunta a obtener condiciones especiales de reclusión.
“Él sabe que difícilmente puede evitar una sentencia de por vida. En los procesos de negociación con Estados Unidos la lógica es que puedes obtener beneficios si entregas información sobre personas que están por encima de ti. Pero en el caso de Ismael ‘El Mayo’ Zambada o de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, prácticamente no hay nadie por encima de ellos dentro de la jerarquía del narcotráfico en México”, explicó.
“Entonces, si no puede aspirar a una condena menor, ¿qué le queda por negociar? Mejores condiciones de encierro. Y eso es precisamente lo que está buscando su abogado”, concluyó.
