"¿Blinda la 4T a Rocha Moya? Falso", dijo Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, durante la conferencia "Derecho de Réplica", donde el gobierno federal salió a rechazar que proteja al gobernador con licencia de Sinaloa, señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con "Los Chapitos".
La respuesta llegó este miércoles, después de que se dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había reservado por cinco años información relacionada con las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre el caso de Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza Cázarez y de otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
A un lado de Alcalde, Cristina Planter, subsecretaria para América del Norte de la Cancillería, anunció que por instrucción presidencial se abriría una parte del expediente. No todo, solo tres documentos, una tarjeta informativa sobre las acusaciones de Estados Unidos, líneas de comunicación para las representaciones mexicanas en el exterior y una comunicación de extrañamiento enviada a Washington.
"Nuestro compromiso es con la transparencia", afirmó Planter, aunque aclaró que las notas diplomáticas seguirán reservadas porque forman parte de comunicaciones oficiales entre Estados y están vinculadas con procesos judiciales en curso.
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La difusión buscaba responder a la acusación de opacidad, pero terminó mostrando una historia más amplia y compleja, que cruza señalamientos de narcotráfico contra funcionarios de Sinaloa, solicitudes de detención con fines de extradición, reclamos diplomáticos y una relación entre México y Estados Unidos marcada por la cooperación, pero también por la desconfianza.
El caso corre en paralelo a otro expediente que también ha tensado la relación bilateral, el de Ismael "El Mayo" Zambada. No son la misma historia, pero avanzan dentro del mismo contexto, investigaciones estadounidenses sobre el Cártel de Sinaloa, versiones cruzadas sobre capturas y traslados, reclamos de información y una exigencia repetida del gobierno mexicano, pruebas antes que acusaciones públicas.
En el centro de este expediente está Rocha Moya. También el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros funcionarios y exfuncionarios de seguridad de Sinaloa, señalados por autoridades estadounidenses por presuntamente colaborar durante años con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la tarjeta informativa difundida por la SRE, el 29 de abril de 2026 la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la DEA anunciaron una acusación formal contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos de Sinaloa. Según ese documento, los acusados habrían facilitado el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, a cambio de "sobornos, apoyo político y protección institucional".
La acusación no se limita al tráfico de drogas, también sostiene que los señalados habrían usado sus cargos para proteger a líderes criminales, filtrar información policial y militar sensible, impedir detenciones, ordenar a corporaciones locales resguardar cargamentos y permitir actos violentos del cártel sin consecuencias.
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Uno de los señalados, Juan Valenzuela Millán, exmando de la Policía Municipal de Culiacán, enfrenta además cargos por secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro. La propia tarjeta informativa hace una precisión clave, se trata de acusaciones, no de condenas, y todos los señalados son considerados presuntos inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
Pero el expediente no se quedó en el anuncio público de cargos, Estados Unidos también pidió a México la detención provisional con fines de extradición de las 10 personas señaladas, lo que abrió otro frente, no solo penal, también diplomático.
El reclamo quedó asentado en una comunicación de extrañamiento enviada por la SRE a la Embajada de Estados Unidos el 30 de abril, un día después de que se hicieron públicas las acusaciones en Nueva York.
En ese documento, la Cancillería cuestionó que el Departamento de Justicia hiciera públicos los cargos y los nombres de las personas reclamadas, porque esa información estaba relacionada con una investigación penal en curso en Estados Unidos y con procedimientos de extradición que tendrían que procesarse en territorio mexicano.
La SRE advirtió que revelar esos datos podría afectar el resultado de las extradiciones y vulnerar el derecho al debido proceso de las personas señaladas. "Al violarse la confidencialidad de los mismos, esta acción puede tener impacto en el resultado deseado de los procedimientos de extradición", señaló la Cancillería.
La molestia de México no se limitó a la publicación de los nombres, también alcanzó el riesgo de que esa difusión afectara los procesos de extradición. México recibió una solicitud de cooperación judicial, pero acusó que Washington ventiló información sensible antes de que el caso pudiera avanzar conforme a las reglas mexicanas.
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Ahí el caso entra en una zona más delicada, porque mientras Estados Unidos pone sobre la mesa una acusación de alto impacto contra un gobernador con licencia, un senador, un alcalde y mandos de seguridad, México responde que no basta con señalamientos públicos para detenerlos.
En las líneas de comunicación difundidas por la SRE, el gobierno mexicano sostuvo que no protegerá a nadie que haya cometido un delito, aunque también insistió en que cualquier acción legal en México debe estar respaldada por pruebas claras y verificables bajo la ley nacional.
La Cancillería también informó que las solicitudes fueron turnadas a la Fiscalía General de la República, que abrió una investigación y deberá definir los siguientes pasos con base en evidencia, debido proceso y Estado de derecho. En ese mensaje, México plantea cooperación con Estados Unidos, pero rechaza cualquier decisión que implique actuar fuera de su propio marco legal.
La tensión creció por la reserva inicial de la información. Primero, la SRE clasificó por cinco años las comunicaciones relacionadas con el caso, luego, por instrucción presidencial, anunció que abriría una parte de los documentos, aunque mantendría reservadas las notas diplomáticas.
Planter explicó que esas notas seguirán bajo reserva porque son comunicaciones oficiales entre Estados, emitidas por canales reconocidos por el derecho internacional. Revelarlas, sostuvo, "vulnera la confianza recíproca y compromete la cooperación internacional en curso".
Con esa explicación, el gobierno intentó sostener tres mensajes al mismo tiempo, que no protege al gobernador con licencia, que apuesta por la transparencia y que no puede revelar todo porque hay información diplomática y judicial que debe mantenerse reservada.
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Por ahora, la publicación de los documentos no resuelve el fondo del caso, pero sí deja abiertas varias preguntas: si Estados Unidos entregó o entregará pruebas suficientes para que México actúe contra Rocha Moya y los otros nueve señalados, si la FGR encuentra elementos para proceder, si las solicitudes de detención con fines de extradición avanzan o se frenan, y qué contienen las notas diplomáticas que seguirán reservadas.
En medio del caso de "El Mayo" Zambada, de las investigaciones estadounidenses sobre el Cártel de Sinaloa y de los reclamos cruzados entre ambos gobiernos, el expediente Rocha Moya deja ver una relación bilateral que coopera, pero también desconfía.
Por eso, la difusión de los documentos no cierra el caso, apenas muestra con más claridad las tensiones que lo rodean.
