A tan solo unos días de que se cumplan dos años del secuestro y traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos —el próximo 25 de julio— el caso del histórico líder del Cártel de Sinaloa volvió esta semana al centro de la relación bilateral entre ambos países.
Lo que comenzó con la exhibición pública de la avioneta utilizada en el operativo escaló hasta convertirse en un nuevo choque diplomático: el gobierno mexicano acusa ahora al FBI de haber participado ilegalmente en un secuestro en territorio nacional, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que, de confirmarse esa participación, pudieron cometerse violaciones al derecho mexicano e internacional.
La respuesta más reciente llegó la tarde de ayer miércoles: el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, utilizó su cuenta de X para responder a los señalamientos del gobierno mexicano y reiteró que Washington no planeó ni ejecutó el operativo para la captura de Ismael "El Mayo" Zambada. El exdiplomático sostuvo que la posición de su gobierno no ha cambiado desde julio de 2024.
"No fue nuestro avión, no fue nuestro piloto, no fue nuestra operación", escribió Salazar. En la misma publicación aseguró que tanto él como el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informaron al gobierno mexicano sobre las detenciones una vez que ocurrieron y reiteró que las autoridades estadounidenses únicamente participaron cuando Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López ya habían llegado a territorio de ese país.
Pero detrás del nuevo reclamo diplomático también hay otro factor que ayuda a explicar la reactivación del caso.
El regreso de "El Mayo" Zambada a la agenda pública coincide con un momento especialmente sensible de su proceso judicial en Estados Unidos, donde negocia las condiciones de una eventual sentencia y podría aportar información sobre las redes criminales, empresariales y políticas que tejió durante más de medio siglo, advierte Víctor Manuel Sánchez, especialista en seguridad de la Universidad Autónoma de Coahuila.
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Para Sánchez, la reaparición del caso debe leerse en un contexto de creciente presión sobre México por la información que pueden aportar tanto Ismael "El Mayo" Zambada como otros altos integrantes del crimen organizado que hoy enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos.
"Obviamente esa es una hipótesis, no podemos descartarla", dijo el especialista en entrevista con Animal Político sobre si el gobierno mexicano busca colocar nuevamente el tema en la agenda antes de posibles nuevos señalamientos desde Washington.
"Por lo que hemos estado viendo en los últimos meses, previo a algún anuncio importante de Estados Unidos suele haber cierto llamado a la cordialidad que a lo mejor no se da con información completa. También hemos visto casos que terminan siendo utilizados de forma discursiva por el gobierno de México para quitarle peso a otros eventos y tratar de vacunarse, en esta relación bilateral, frente a señalamientos que puedan venir del gobierno estadounidense", añadió el especialista.
La nueva escalada comenzó después de que el FBI incorporara a una exhibición en el War Eagles Air Museum, en Nuevo México, la aeronave Beechcraft King Air 200 utilizada para trasladar a "El Mayo" Zambada y a Joaquín Guzmán López a territorio estadounidense el 25 de julio de 2024, presentándola como parte de uno de sus éxitos operativos contra el crimen organizado.
La exhibición contrastó con la versión sostenida durante casi dos años por Ken Salazar, quien cuando fue embajador de Estados Unidos en México, aseguró reiteradamente que la captura había sido una operación entre grupos criminales y que ni el gobierno estadounidense ni sus agencias participaron en la planeación del operativo.
El lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó nuevamente la participación de agencias estadounidenses en la captura de "El Mayo" Zambada. Un día después, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mantuvo esa postura al cuestionar la actuación de las autoridades estadounidenses y reiterar que México no fue informado de la operación.
Para el especialista Víctor Manuel Sánchez, desde el momento de la detención hubo elementos que apuntaban a la participación de una agencia estadounidense.
"Desde que se dio el secuestro o entrega forzada de Ismael 'El Mayo' Zambada había cosas que desafiaban la lógica. No es que uno pueda tomar un avión, entrar al espacio aéreo de Estados Unidos sin demasiadas preguntas y aterrizar en una base militar", señaló.
"Por lógica, quienes analizábamos el caso veíamos que había participación de alguna agencia; podía haber sido la DEA o el FBI. Ahora, con la información que se tiene, tenemos la certeza de que se trató del FBI", agregó.
La confrontación escaló todavía más cuando también la tarde de ayer miércoles la FGR acusó al exembajador Ken Salazar de haberse conducido con falsedad.
Durante una conferencia encabezada por la fiscal general Ernestina Godoy, la dependencia sostuvo que, de confirmarse que el FBI planeó y ejecutó el operativo para secuestrar a un ciudadano mexicano y trasladarlo a Estados Unidos, existirían tres hechos de especial gravedad: una violación al derecho mexicano e internacional, un acuerdo realizado al margen de la ley y una mentira de un diplomático estadounidense.
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"Lo que se le reprocha es que se condujo con falsedad y violentó el marco regulatorio de la diplomacia internacional", afirmó Godoy. Aunque aclaró que un embajador goza de inmunidad diplomática y por ello no enfrenta responsabilidades penales en México, sostuvo que sí podrían existir consecuencias en el ámbito del derecho internacional.
La FGR informó además que mantiene siete carpetas de investigación relacionadas con el caso, ha realizado 153 entrevistas ministeriales y elaborado 124 dictámenes periciales, y denunció que las respuestas enviadas por Estados Unidos desde hace casi un año han sido "parciales e insuficientes".
Para Víctor Manuel Sánchez, la molestia del gobierno mexicano no se explica únicamente porque "El Mayo" Zambada, un ciudadano mexicano, fuera llevado a Estados Unidos sin previo aviso. "Se trata de un narcotraficante de primer nivel, alguien que estuvo alrededor de 50 años en el negocio y que seguramente tuvo interacción con muchos políticos", afirmó.
Como ejemplo recordó la carta difundida por "El Mayo" Zambada tras su captura, en la que aseguró que el día que fue secuestrado por uno de los hijos del "Chapo Guzmán", su socio, acudía a una reunión donde supuestamente estaría el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
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"Aun suponiendo que Rocha Moya no supiera lo que iba a ocurrir y que no hubiera participado, el simple hecho de que al Mayo le dijeran: 'va a estar el gobernador' y que eso le pareciera completamente normal casi lleva a inferir que había reuniones periódicas, que se conocían o que existía algún tipo de vínculo".
El especialista sostuvo que la llegada de grandes narcotraficantes a tribunales estadounidenses está generando una presión inédita sobre México porque esos procesos permiten ampliar las investigaciones, "detener a más personas, identificar vínculos entre narcotraficantes, empresarios y clase política".
Mientras tanto, la fiscal general Ernestina Godoy rechazó que el gobierno mexicano esté buscando proteger al líder del Cártel de Sinaloa. Durante la conferencia de este miércoles aseguró que "El Mayo" Zambada enfrenta 32 investigaciones abiertas y diversas órdenes de aprehensión en México, razón por la cual la FGR solicitó formalmente su extradición. Sin embargo, explicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó la petición al argumentar que el capo ya enfrenta un proceso penal ante una corte federal de ese país.
"Nadie lo está protegiendo. Está siendo investigado y hay órdenes de aprehensión por delitos en México. Por eso hemos pedido la extradición, pero nos la han negado alegando que ya enfrenta a la justicia allá. Aquí no hay ninguna protección de ningún tipo", afirmó la fiscal.
En la misma conferencia, el gobierno federal también rechazó que exista un intento de proteger al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, uno de los diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
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La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, difundió tres documentos oficiales para sostener que el gobierno mexicano ha atendido los requerimientos de Washington y que las investigaciones permanecen abiertas.
Entre esos documentos se encuentra el oficio mediante el cual la FGR informó al Departamento de Justicia que abrió una carpeta de investigación derivada de las acusaciones estadounidenses, así como las comparecencias ministeriales de Rocha Moya y de los demás señalados.
La Fiscalía reiteró que, hasta ahora, no ha encontrado elementos suficientes para judicializar el caso, aunque aseguró que las indagatorias continúan y que no existe ningún "blindaje" institucional para los funcionarios investigados.
Otro de los datos revelados esta semana por la FGR fue que el presunto piloto de la aeronave utilizada para trasladar a Zambada fue deportado inicialmente a México, posteriormente detenido por portación de armas y finalmente entregado nuevamente a las autoridades estadounidenses.
La fiscalía no informó si durante ese periodo fue investigado en México por su presunta participación en el secuestro del capo.
La dependencia también denunció que, cuando personal mexicano acudió en agosto de 2024 a inspeccionar la aeronave en El Paso, Texas, agentes del FBI impidieron realizar diligencias, entre ellas la toma de fotografías y el acceso completo a los indicios localizados en la avioneta.
Además, informó que presentó una nueva solicitud de asistencia al Departamento de Justicia estadounidense para obtener información sobre la posible participación de agentes del FBI en la planeación, organización, captura, traslado y eventual encubrimiento del operativo.
En ese contexto, Sánchez recordó que el proceso judicial de Zambada atraviesa una etapa decisiva.
"Existe una tendencia hacia la negociación, que es precisamente lo que está reclamando el gobierno de la presidenta: por qué Estados Unidos negocia con personas que previamente calificó como integrantes de una organización terrorista", explicó.
No obstante, matizó que esos acuerdos también han permitido conocer información que durante décadas permaneció oculta.
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La defensa de "El Mayo" Zambada solicitó recientemente que, en caso de ser condenado a cadena perpetua, sea recluido en una prisión con atención médica especializada y no en una cárcel de máxima seguridad. Para Sánchez, esa petición refleja que el capo ya no negocia la duración de su condena, sino las condiciones en las que la cumplirá.
"Él sabe que difícilmente puede evitar una sentencia de por vida. En estos procesos, si no puede aspirar a una condena menor, ¿qué le queda por negociar? Mejores condiciones de encierro. Y eso es precisamente lo que está buscando su abogado", concluyó.
