Pueblo Nuevo (Colombia), 12 jul (EFE).- El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de Colombia, Felipe Harman, defiende la reforma agraria como uno de los principales legados del Gobierno de Gustavo Petro, pero advierte que el verdadero desafío será preservar los avances alcanzados cuando el próximo Ejecutivo asuma el poder el 7 de agosto.
"El latifundio en Colombia no tiene seguridad jurídica; el latifundio en Colombia lo que tiene es amigos poderosos", afirma Harman en una entrevista con EFE para explicar por qué, a su juicio, el principal obstáculo para democratizar la tierra no está en las leyes, sino en las estructuras políticas, económicas y armadas que durante décadas han sostenido la concentración de la propiedad rural.
El funcionario sostiene que, pese a los avances de los últimos cuatro años, la redistribución de la tierra sigue siendo una tarea inconclusa en un país donde la violencia, el despojo y la desigualdad han marcado históricamente al campo.
"Avanzamos sustancialmente alrededor de ese propósito, pero vuelvo e insisto: no es suficiente", dice Harman a EFE en la hacienda La Palmira, un predio recuperado por la ANT en zona rural del municipio de Pueblo Nuevo, en el departamento caribeño de Córdoba y convertido por el Gobierno en uno de los símbolos de su reforma agraria.
Según el balance del Ministerio de Agricultura y la ANT, durante este gobierno fueron formalizadas más de 2,28 millones de hectáreas mediante cerca de 41.000 títulos rurales, entregadas otras 351.000 hectáreas a familias campesinas y comunidades étnicas e incorporadas 806.081 al Fondo de Tierras.
Además, fueron recuperados más de 550 predios, cuya extensión equivale a unas 109.000 hectáreas, que habían estado en manos del narcotráfico, el paramilitarismo, testaferros y ocupantes ilegales.
A ello se suman la creación de 21 nuevas Zonas de Reserva Campesina, siete Territorios Campesinos Agroalimentarios (Tecam) y una inversión cercana a ocho billones de pesos (unos 2.470 millones de dólares) para el acceso y la distribución de tierras, la mayor realizada por el Estado colombiano, según cifras oficiales.
La prueba del relevo
Sin embargo, la gestión no escapa de las críticas porque en la última semana organizaciones campesinas bloquearon carreteras en el departamento del Cesar (noreste) para denunciar retrasos en la entrega de títulos de propiedad de predios adjudicados por la ANT.
Además, dirigentes de oposición cuestionan lo que consideran entregas de tierras sin culminar plenamente los procesos de formalización, al señalar que varios predios fueron adjudicados antes de que los beneficiarios contaran con los títulos de propiedad y las garantías jurídicas para ocuparlos.
Harman responde que los avances cuentan con respaldo jurídico y sostiene que el principal riesgo para la reforma agraria no está en los expedientes administrativos.
"La violencia no pide papeles en Colombia. La violencia llega a la fuerza", afirma al explicar que, incluso cuando la propiedad queda legalmente en manos del Estado o de los campesinos, las comunidades siguen enfrentando amenazas de grupos armados y organizaciones ilegales que buscan mantener el control territorial.
Esa preocupación, asegura, se ha hecho más evidente en el periodo de transición luego de las elecciones presidenciales del 21 de junio en las que fue elegido presidente el ultraderechista Abelardo de la Espriella.
"Yo he planteado directamente la necesidad de que el nuevo Gobierno defina su posición frente a la redistribución de la tierra", dice Harman, quien asegura que en los últimos días la ANT denunció amenazas contra cinco comunidades campesinas asentadas en propiedades recuperadas por el Estado en departamentos como Córdoba y Nariño.
Aunque insiste en que las tierras entregadas durante este periodo cuentan con blindaje jurídico y permanecen a nombre de la Agencia Nacional de Tierras, el funcionario considera que la continuidad de la reforma dependerá también de las garantías de seguridad para quienes hoy las habitan.
"Esperamos tener eco no solamente en el nuevo Gobierno, sino también en la comunidad internacional, para que por encima de cualquier diferencia política prime la protección de la vida de estas comunidades", concluye.
Esneyder Negrete
(c) Agencia EFE
